Dicen no a juzgar a un agente fronterizo que desde Texas disparó y mató a un adolescente en México

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En 2010, el adolescente Sergio Hernández Guereca, entonces de 15 años, murió de un balazo mientras se encontraba en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, en la región de Ciudad Juárez. Quien lo mató fue el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa Jr., que abrió fuego desde el lado estadounidense de la frontera, en El Paso, Texas.

Ahora, casi una década después, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que el agente responsable no puede ser acusado de esa muerte ante una corte estadunidense: en un fallo de 5 votos contra 4 ese tribunal consideró que las protecciones de la Constitución estadounidense contra el uso de fuerza excesiva no tienen aplicación para alguien que se encuentra fuera del territorio de Estados Unidos.

Forenses mexicanos examinan el cuerpo del adolescente Sergio Hernández Guereca, muerto por un tiro disparado desde EEUU por un agante de la Patrulla Fronteriza en 2010. (AP)
Forenses mexicanos examinan el cuerpo del adolescente Sergio Hernández Guereca, muerto por un tiro disparado desde EEUU por un agante de la Patrulla Fronteriza en 2010. (AP)
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Para los críticos de este fallo, avalado por los jueces conservadores y rechazado por los liberales, todo ello suponer que existe una suerte de impunidad para oficiales estadounidenses que en la frontera utilicen fuerza letal con repercusión en territorio mexicano. “Agentes fronterizos [de Estados Unidos] no deben tener impunidad para matar a tiros a adolescentes mexicanos al otro lado de la valla fronteriza…”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que participó en el caso.

Dentro de la misma Corte Suprema el disenso al fallo mayoritario se expresó en ese sentido. Ciertamente, la Constitución estadounidense no es de aplicación en territorio mexicano pero la juez Ruth Bader Ginsburg consideró que el agente que mató al adolescente sí debería ser enjuiciado pues realizó su disparo desde territorio estadounidense.

El fallo de la Corte Suprema, además, tiene filosas aristas que van más allá de un trágico caso individual: en el contexto de la presente militarización de la frontera emprendida por el gobierno de Donald Trump y la estigmatización que el presidente y su entorno han hecho de los migrantes, la noción de que un agente puede en la frontera disparar desde Estados Unidos y matar a personas en México sin que eso implique proceso y castigo para el responsable es una peligrosa puerta al abuso y la barbarie.

La historia de Hernández Guereca es ilustrativa al respecto. Si bien se afirmó que el joven, junto a amigos, había tratado de llegar al muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, al parecer en una clase de reto o competencia, y que los agentes presentes del lado americano fueron agredidos con piedras, la evidencia que las propias autoridades hallaron sobre el incidente no mostró que Hernández Guereca representara peligro alguno para los oficiales del lado estadounidense.

Es por ello que, se afirma, Mesa Jr. habría cometido un acto de brutalidad injustificado.

Las autoridades mexicanas también consideraron a Mesa Jr. responsable y pidieron su extradición, pero Estados Unidos la rechazó y fue entonces que la familia de Hernández Guereca procedió a demandar al agente en una corte estadounidense.

El litigio sobre si eso era o no procedente fue progresando la escalera judicial estadounidense hasta que la Corte Suprema rechazó que Mesa Jr. pudiese ser demandado. Según el juez Samuel Alito, que planteó la posición mayoritaria, el incidente en el que Mesa Jr. mató a Hernández fue un “incidente internacional” y por ello la solución a ello debería ser diplomática y no legal, y añadió que es el Congreso y no la Corte quien debe definir si los derechos civiles estadounidenses pueden extenderse a casos que suceden fuera del territorio estadounidense.

El hecho de que hayan sido solo jueces conservadores quienes, con su mayoría, avalaron esa decisión por encima de la opinión de los jueces liberales plantea que el asunto tiene un componente político-ideológico inevitable, incluso si la decisión estuvo fundada en parámetros jurídicos.

Maria Guadalupe Guereca en la tumba de su hijo Sergio Hernández Guereca en Ciudad Juárez, México. (AFP via Getty Images)
Maria Guadalupe Guereca en la tumba de su hijo Sergio Hernández Guereca en Ciudad Juárez, México. (AFP via Getty Images)

La noción de que el hecho sucedió en México, en principio, alude a que la víctima estaba y falleció en México. Pero el ser baleado o muerto es la consecuencia de una acción, que es el presunto delito, que sucedió en territorio estadounidense por la acción de Mesa Jr. Por ello, se ha criticado que considerar el incidente como sucedido fuera de territorio estadounidense es una visión parcial, pues nada hubiese sucedido si del lado estadounidense Mesa Jr. no hubiese cometido un uso brutal e injustificado de fuerza letal.

El fallo de la Corte Suprema, en todo caso, protege al agente de acción judicial en Estados Unidos. Pero el propio planteamiento de que el Congreso tiene la palabra al respecto es una vía a seguir para futuras legislaturas: los derechos civiles y humanos, su defensa y el combate a quienes los vulneran deben tener aplicación amplia y no quedar bloqueados por cuestiones como las del caso de Hernández Guereca.

¿Qué habría pasado si un oficial mexicano dispara desde México y mata a un menor de edad estadounidense en territorio de Estados Unidos?

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