Gestación subrogada, el jardín en el que se ha metido el Gobierno

Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada. EFE/Alex Hofford/Archivo
Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada. EFE/Alex Hofford/Archivo

El Gobierno anda a medio gas y se ha dado un tiempo para renegociar el segundo intento de investidura. Pero esa pausa no se está cumpliendo en otras materias y ha aprovechado el descanso estival del país para abrir uno de los melones más polémicos de los últimos tiempos. Más aún que el de la exhumación de Franco o el rechazo a dejar atracar al Open Arms: la gestación subrogada.

Y el arranque no ha podido ser menos sutil. El Ministerio de Justicia solicitó ayer a la Fiscalía General del Estado una investigación oficial sobre las actividades de las agencias que operan en España para definir y calibrar bien sus competencias. Esto se debe a que la gestación subrogada no está permitida en España aunque la legislación no sanciona la práctica por lo que las familias recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

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¿De qué cifras hablamos? Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, si bien la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año. Unas diferencias que el Estado quiere evitar.

Según ha explicado a Efe David Monje, responsable de la agencia Go4baby, su empresa ofrecen "paquetes" que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres. Se tarda entre 12 y 18 meses desde que se firma el contrato hasta que se tiene al niño. Obviamente esos movimientos no han gustado a los afectados que acusan de injerencia a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por "demonizar" estos casos olvidando "el posible daño a niños y a personas".

A juicio de la abogada Núria González, autora del libro "vientres de Alquiler", se trata de "un negocio lucrativo que tiene a un bebé como producto y que alquila el cuerpo de una mujer", compromete su dignidad. Según la letrada, estos contratos abusivos están basados en la "extrema vulnerabilidad" de las gestantes, que suelen ser mujeres pobres. Especialmente en Ucrania, uno de los países en el punto de mira de la ministra Delgado.

Se trata de una opinión polémica. De esas que dividen a una sociedad. A su favor se encuentra gran parte del feminismo, que entiende la gestación subrogada como "una forma de esclavitud para las mujeres de clase baja o muy baja".

Por el contrario, la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, considera que todas las críticas hacia la gestación se acabarían si se regulara en España con garantías: "cuando sean las mujeres españolas con suficiencia de medios y absoluta libertad las que decidan gestar para otros".

Lo paradójico es que la división social no tiene réplica en la arena política. La gran mayoría de los grandes partidos se han mostrado en contra de los vientres de alquiler. Hablamos de PSOE, PP y Unidos Podemos. Solamente Ciudadanos se ha salido de la línea mostrándose a favor de regular por ley la maternidad subrogada, que propone que sea "altruista y que la mujer se preste a gestar un hijo de terceros de manera voluntaria", sin recibir remuneración, pero sí "compensación" para cubrir los gastos del embarazo, y bajo la supervisión de un sistema oficial. Se trata, según sostiene Albert Rivera, de un contrato por el que la gestante renuncia absolutamente a todo, especialmente a la posibilidad de arrepentirse en algún momento.

En definitiva, que el partido naranja concibe el embarazo y el parto en su dimensión estrictamente física o corporal. Nada de vínculos emocionales. Unos argumentos por los que el propio Parlamento europeo se opuso a la gestación subrogada en la que, según su Resolución, se usaba el cuerpo de la mujer y sus funciones reproductivas como mercancía.

Pero el papel de Ciudadanos, aunque está en minoría con respecto del resto de partidos, puede ser vital en un futuro. Tanto si finalmente favorece la investidura de Pedro Sánchez como si logra la mayoría junto a PP y Vox en una posible repetición de elecciones, pondrá este tema sobre la mesa. De ahí las prisas del Gobierno de abrir el melón y avanzar en su reforma lo antes posible.

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