Italia aprueba la reforma del Consejo Superior de la Magistratura

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Roma, 16 jun (EFE).- Italia aprobó hoy el proyecto de ley de reforma del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que cambia el modo de elección de sus componentes y regula si participación en la política, con el apoyo, tras duras negociaciones, de todas las fuerzas gubernamentales, excepto Italia Viva de Mateo Renzi, que se abstuvo.

La reforma de esta parte del poder judicial había sido uno de los principales motivos de divergencias en el seno de la coalición transversal que apoya a Mario Draghi, pero finalmente se aprobó definitivamente en el Senado.

La norma tuvo 173 votos a favor, 37 en contra y 16 abstenciones, entre ellos, algunos senadores de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.

La Liga de Salvini había sido promotora de un referéndum que se celebró el pasado domingo para realizar algunos cambios en la Justicia, que finalmente no salió adelante por la falta de quorum al no alcanzar el 50 %.

“Agradezco a cada fuerza política su compromiso y disponibilidad”, dijo la ministra de Justicia, Marta Cartabia, relatora del proyecto de ley que lleva su nombre.

La reforma del CSM es uno de los puntos principales de una reforma judicial más amplia, que ya ha supuesto cambios en el proceso penal y civil, y que Italia se ha comprometido a aprobar para obtener la financiación de Recuperación del Fondo de la Unión Europea.

Los puntos más importantes de la reforma son dos: la forma en que se lleva a cabo la elección de los miembros del CSM por el poder judicial, y qué sucede con los jueces que quieren postularse para la política.

Con la aprobación de esta ley, el número de miembros electos del CSM se incrementará de 24 a 30.

Veinte serán elegidos por los propios magistrados - dos serán jueces de la Corte Suprema, 13 jueces de mérito y 5 fiscales - y diez del parlamento, seleccionados entre profesores universitarios de derecho y abogados, los llamados miembros laicos y a éstos se suman las tres personas que la integran por derecho: el Presidente de la República, quien la preside, el primer presidente y el fiscal general de la Corte Suprema.

De los 20 miembros elegidos por los magistrados, 14 serán elegidos con un sistema mayoritario que preverá colegios en los que se designarán los dos magistrados más votados, de un mínimo de seis candidatos. Se asignará un decimoquinto escaño a un fiscal sobre la base de un cómputo ponderado que identificará uno de los terceros más votados y los últimos cinco escaños se asignarán con un sistema proporcional nacional.

La reforma establece que no podrán presentarse como candidatos en las regiones en las que hayan ejercido su función en los tres años anteriores, y en su posible reincorporación al poder judicial sólo podrán desempeñar funciones administrativas o ministeriales.

Además, la reforma prohíbe a los magistrados ejercer simultáneamente funciones judiciales y ocupar cargos electivos y de gobierno o administrativos, y en el momento de la candidatura, los magistrados estarán en excedencia sin recibir compensación.

En cuanto al posible retorno a la judicatura tras la candidatura a la política, se prevén diversos supuestos según el cargo que el magistrado haya tenido anteriormente y si fue elegido o no. Quien resulte electo ya no podrá ejercer ninguna función jurisdiccional, es decir, la que concierne a la aplicación de normas y leyes, sino que será destituido de los cargos administrativos.

Quienes no resulten electos o sean llamados a ocupar altos cargos en los ministerios deberán esperar tres años antes de poder ejercer nuevamente funciones judiciales.

(c) Agencia EFE

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