La presión de la 4T a Loret de Mola por un escándalo que reveló sobre Pemex

Foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images
Foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

Por estos días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según comentó en su conferencia mañanera, responde a una demanda internacional de la empresa Oro Negro contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por presunta practica de corrupción y sobornos.

Para documentar su demanda la empresa Oro Negro contrató los servicios de la agencia de detectives Black Cube que se hicieron pasar como representantes de inversionistas de Medio Oriente y se reunieron con algunos exdirectivos de Pemex, quienes explicaron un supuesto sistema de pagos a funcionarios del gobierno de Peña Nieto.

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Los detectives de Black Cube grabaron sus entrevistas con los exdirectivos, en ellas se relata la supuesta corrupción para obtener contratos en la pasada administración. Señalaron que Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, entre otros, recibían sobornos a cambio de la adjudicación de contratos.

Los audios fueron presentados como pruebas en la demanda que se encuentra en tribunales internacionales y fueron realizadas en 2017. La empresa Oro Negro busca comprobar con las grabaciones que el gobierno mexicano la llevó a la quiebra por negarse a participar en actos de corrupción.

La agencia Black Cube entregó para su difusión algunos contenidos de las grabaciones a los medios norteamericanos The Wall Estreet Journal y Univisión y al diario mexicano El Universal, por medio de los periodistas Carlos Loret de Mola, Areli Quintero y Miguel Castillo Chávez.

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Contenidos de las investigaciones fueron publicados y comentados en El Universal, por el periodista Carlos Loret y replicados por diversos medios en el país. Destacan relatos de actos de corrupción “como los pagos de 50 mil o 100 mil dólares para reunirse con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, las tarifas que podrían cobrar los funcionarios por lograr un contrato, la conexión de pagos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, así como dádivas por cinco millones de dólares para lograr acuerdos”. (El Universal, 17 de octubre de 2019)

Siendo los contenidos de la investigación públicos y habiendo sido objeto de diversos comentarios en diferentes medios, llama la atención que la Secretaría de la Función Pública, (SFP) cuya titular es Irma Eréndira Sandoval, haya enviado una notificación al periodista Carlos Loret.

En su columna Historias de Reportero, Loret informa que la SFP “solicita su colaboración con esta autoridad investigadora, a fin de que dentro del termino de 7 días hábiles, contando a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, tenga a bien remitir a esta autoridad administrativa copia certificada de toda la documentación con que cuente respecto de los hechos antes referidos, así como audios, videos y/o videograbaciones que tenga, en torno a la nota periodística relacionada con la empresa Black Cube y funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos”. (El Universal, 17 de octubre de 2019)

La respuesta de Carlos Loret a la Función Pública indica que no atenderá la solicitud de “colaboración” que, al ser sustentada “legalmente” por esa autoridad, se convierte en obligación y amenaza.

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En su respuesta destaca Loret cuatro puntos: “1.- Ahora resulta que un periodista le tiene que hacer la chamba a las autoridades…toca al periodista presentar las pruebas… Y en 07 días a más tardar. 2.-El gobierno federal mexicano tiene esas grabaciones clandestinas. Las tiene la Secretaría de Economía…Encima, las grabaciones son públicas. 3.- El oficio cita el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Habla desde multas hasta uso de la fuerza pública. ¿Tienen contemplado aprehenderme si no atiendo su solicitud? 4.- Un dato curioso: en estos mismos espacios periodísticos se denunciaron las 23 casas y 12 empresas vinculadas a Manuel Bartlett. Y no me llegó ninguna solicitud ni petición de colaborar ni mandar copia certificada de nada”.

Este episodio revela la mediocridad en la que opera la secretaria de la Función Pública en la 4T. Su petición a Carlos Loret pone en evidencia que su curva de aprendizaje podría llegar al final del sexenio. Esta institución fue diseñada para vigilar el cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos y no tiene facultades para pedir “datos” a los particulares, como es el caso del periodista.

La solicitud de la Función Pública y el dato curioso que señala Loret indican que el gobierno de López Obrador sigue la política de Juárez que gustaba de repetir su frase: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos la ley a secas”. Es evidente que Bartlett es amigo de Ya Sabes Quién y Rosario Robles, Juan Collado, Emilio Lozoya, Carlos Romero y los que faltan, no son queridos y se les aplica la ley. No es venganza.

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