¿Tiene el gobierno un problema de comunicación o de credibilidad?

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MADRID, SPAIN - JUNE 03: Sanchez will seek parliament's approval to extend Spain's state of emergency until June 21. (Photo by Alberto Di Lolli- Pool/Getty Images)
MADRID, SPAIN - JUNE 03: Sanchez will seek parliament's approval to extend Spain's state of emergency until June 21. (Photo by Alberto Di Lolli- Pool/Getty Images)

Desde el 14 de marzo se han decretado cuatro prórrogas de quince días y una más de un mes del estado de alarma que iba a ser la última pero ya se está negociando otra ampliación. Desde entonces el gobierno, el poder ejecutivo, ha ejercido de poder legislativo promulgando más de 200 normas excepcionales. Además, se ha confirmado que está en marcha una reforma legal para no tener que solicitar el estado de alarma. El estado de alarma ha puesto a España entre los países con las medidas más restrictivas de la UE y ha llevado, por ejemplo, a que más de cien juristas de izquierdas firmasen un manifiesto frente a una “deriva poco respetuosa con los principios democráticos”. Todo ello ha ido provocando un distanciamiento entre gobierno y partidos políticos y ciudadanos.

Los esfuerzos del gobierno por comunicar su gestión día a día se han multiplicado en formatos, canales e interlocutores buscando la forma de ser más convincentes y tomando decisiones orientadas a gestionar una crisis de comunicación. Colectivamente hemos asistido a diferentes episodios que pueden ser entendidos más que como un problema de comunicación como un déficit de credibilidad: el acuerdo con Bildu, criticado hasta desde medios afines o por socios habituales como el PNV; la jugada a Ciudadanos como nuevo aliado que no supo de ese acuerdo hasta después de la votación; la potencial compra con sobreprecios de material sanitario, la compra de portadas con publicidad institucional a la prensa escrita; la nula respuesta al vídeo de la ministra Montero donde reconoce que va a ocultar la relación entre el 8M y el Covid; las diferentes versiones del ministro Marlaska para explicar el cese de un alto cargo de la Guardia Civil; la presión a un destacado jugador de fútbol para reunirse con el ministro Illa; los cambios de criterios aplicables al turismo internacional; la teoría de la conspiración alentada por Iglesias; la errática contabilidad y criterios alrededor del número de víctimas por Covid-19; la exclusión de España por parte de Alemania como único país donde no viajar para sus ciudadanos, etc.

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Todos estos hechos tienen un patrón en común y nada apunta a que se traten de un déficit de comunicación si no, más evidente, a un déficit de credibilidad. Dicho de otra forma, es razonable que cuando a una persona no la creen tienda a pensar que el problema reside en que no la comprenden, cuando lo que sucede, de verdad, es que los otros no confían en él.

Una posible explicación es el peso que tiene el influyente jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo. Por tanto, buena parte de las respuestas se deberían a un sesgo derivado del peso funcional dentro de la toma de decisiones del gobierno. Cuando una crisis de credibilidad no se aborda de manera rápida y con claridad puede convertirse en un problema de legitimidad para el gobierno y, en especial, para el presidente Pedro Sánchez.

Credibilidad antes de la pandemia

El problema de credibilidad comenzó, con lo que ya ha reconocido el vicepresidente Pablo Iglesias, el gobierno no comprendió la dimensión del problema y, por tanto, que actuaron tarde. Por ejemplo, el ministro Illa afirmó el 28 de febrero que “el sistema de salud español está preparado para hacer frente al coronavirus” y el Ministerio de Sanidad, el 23 de febrero, que “España está preparada para cualquier escenario posible”. O el ministro Garzón afirmó un mes antes de la declaración del estado de alarma que “no hay ningún peligro de salud pública” ante la cancelación del MWC, etc. El sistema sanitario no estaba listo, los que sí estaban listos eran los profesionales del sistema sanitario como fuerza de choque.

Credibilidad durante la pandemia

El Gobierno ha dictado durante el estado de alarma más de 209 normas excepcionales, muchas imprescindibles y otras sin relación directa con la gestión de la pandemia como la entrada del vicepresidente Iglesias en el CNI o las subvenciones a medios de comunicación. El tiempo y el Tribunal Constitucional y los juzgados determinarán en próximos años si se han rebasado los límites democráticos. Ni los juristas expertos han tenido el tiempo para evaluar la excepcionalidad de la avalancha legislativa que ha generado el poder ejecutivo.

Por otro lado, ha habido una respuesta en las calles a las decisiones del gobierno con protestas y caceroladas que no se limitan solo a los antiguos vecinos de barrio de Echenique en Madrid sino también a otras ciudades como Salamanca, Zaragoza, Logroño o Guadalajara. Quizás la reacción de Echenique señalando las protestas como ejemplo «de odio» o de Monedero llamando «hemofílicos», «pijos» o «gilipollas» a los manifestantes no sean la mejor forma de ayudar al gobierno en su gestión.

Con el tiempo las protestas en las calles actuales se verán como insensatas unas y legítimas otras. No obstante, parece precipitado descalificarlas sin extraer nada de ellas. Hechos como las caceroladas, los escraches ese “jarabe democrático de los de abajo” según Iglesias, quemar retratos o banderas, la sátira gráfica, etc. no pueden ser tratados con doble rasero moral en función de si se está en la oposición o en el gobierno. Esos hechos o son legítimos bajo el paraguas de la libertad de expresión o no lo son, para todos igual. Más simple, no se puede desacreditar el derecho de los ciudadanos a pedir cuentas a sus gobernantes.

Credibilidad en la desescalada

La pandemia está atravesando a todas las clases sociales en todos los países. Sociológicamente la ira y la desafección social no se estructuran por barrios o niveles de renta, sino que se extiende entre quienes han perdido, o temen perder, sus empresas, negocios, trabajos o sospechan del deterioro de sus condiciones de vida.

Si un problema de credibilidad se aborda como si fuese un problema de comunicación se tiende a recurrir a estrategias como la negación de los hechos, invertir las acusaciones, reasignar responsabilidades en terceros, elusiones de responsabilidad, minimización o relativización de los hechos, atacar al que denuncia un hecho, crear cortinas de humo, confundir con la proliferación de versiones, redirigir la atención a hechos no relacionados, etc. lo que suele contribuir aunque se gane tiempo a empeorar el problema.

La reconstrucción de la relación entre el gobierno y los ciudadanos debería orientarse, primero, a la recuperación de la credibilidad y, después, de la confianza. La credibilidad se gana con transparencia y la confianza con coherencia.

Seguiremos atentos. Hay que instalarse en el caos.

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