Por qué el Gobierno de Biden vende la explotación de petróleo en alta mar a pesar de su promesa de campaña

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Los ecologistas están furiosos porque este miércoles por la mañana el Departamento de Interior ha sacado a subasta contratos de perforación petrolera en una sección del Golfo de México de 323 748 km2. La Oficina de Administración de Energía Oceánica vendió 308 extensiones que abarcan 6880 km2 a gigantes de las energías fósiles como Chevron y ExxonMobil.

“Esta mañana nos hemos encontrado con una decepción extrema, se ha agotado la esperanza y se ha roto la confianza”, dice en un comunicado Hallie Templeton, directora legal de Amigos de la Tierra. “El Gobierno de Biden ha optado por seguir adelante con la cesión de las parcelas restantes del golfo de México a los intereses petroleros y gasíferos. La decisión se basa en un análisis ilegal que ignora el cambio climático y la grave injusticia ambiental que representa para las comunidades situadas allí. Nos hemos quedado horrorizados por el hecho de que el Gobierno de Biden haya evitado ejercer su clara autoridad para aplazar la venta y nuestra última esperanza radica en que el tribunal federal ponga remedio a estas violaciones”.

A pesar de que el presidente Biden ha hecho de las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero una pieza central de su agenda legislativa y regulatoria y de que recientemente proclamó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow que Estados Unidos lidera la lucha contra el cambio climático a nivel global, los activistas ecologistas dicen que el Gobierno de Biden podría haber detenido la subasta.

La Casa Blanca sostiene que no tenía elección, debido a un fallo judicial de junio. Durante la campaña de 2020, el presidente Biden se comprometió a poner fin al arrendamiento para la extracción de combustibles fósiles en alta mar y en terrenos federales. Esta fue una concesión importante para los activistas del cambio climático, quienes sostienen que el Gobierno no debería permitir que las tierras y aguas públicas se utilicen para empeorar la situación del cambio climático ni arriesgarse a los otros impactos ambientales derivados de la exploración de petróleo y gas.

Al principio, Biden intentó detener la concesión de contratos para la explotación futura de energías fósiles. En su primera semana en el cargo, Biden firmó una orden ejecutiva para “detener temporalmente” las subastas de contratos petroleros y gasíferos en tierras y aguas federales.

Luisiana y otros 12 estados llevaron al Gobierno federal a los tribunales, sosteniendo que los arrendamientos planeados debían continuar. Un juez de un tribunal de distrito federal designado por Trump accedió y ordenó al Gobierno que completara la venta.

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El presidente Biden habla en el jardín sur de la Casa Blanca (Mandel Ngan / AFP a través de Getty Images).

“Creemos que la decisión es equivocada y el Departamento de Justicia la está apelando”, dijo Jen Psaki, secretaria de prensa de Biden, al ser preguntada por la venta en una rueda de prensa celebrada el lunes. “Así que está en los tribunales; se encuentra en un proceso legal. Estamos obligados a cumplir el requerimiento judicial. Es un caso legal y un proceso legal, pero es importante que los defensores [del clima] y otras personas que estén siguiendo esto comprendan que no se ajusta a nuestro punto de vista, a las políticas del presidente o la orden ejecutiva que firmó”.

Pero algunos expertos en derecho ambiental creen que el Gobierno tenía más opciones. El 31 de agosto, Earthjustice presentó una demanda federalen la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia en nombre de Amigos de la Tierra, el Club Sierra y el Centro de Diversidad Biológica que, si tiene éxito, obligaría al Gobierno a rectificar antes de que las ventas de la subasta estén formalmente completadas.

“Hay tres cosas que [el Gobierno] podría haber hecho y que decidió no hacer, eso podría hacerlos escapar” de la subasta, ha dicho a Yahoo News Drew Caputo, vicepresidente de litigios en Earthjustice.

“Lo primero se debe al hecho de que el fallo del tribunal es equivocado”, dice. “El fallo del tribunal dice que, si escribes un plan de arrendamientos por cinco años y este incluye una venta de arrendamiento, se tiene que seguir adelante con la venta de arrendamiento (…) Legalmente, eso está mal, porque hay muchos casos que reconocen la capacidad del Gobierno de adaptarse y de tener el criterio para retrasar o cancelar las ventas de arrendamiento.

“Gobiernos de ambos partidos no han seguido adelante con las ventas de arrendamiento incluidas en los planes de arrendamiento a cinco años, incluido el Gobierno más reciente de Trump, que el año pasado, en 2020, retrasó la venta de arrendamientos petroleros y gasíferos en el golfo de México por razones económicas, señala Caputo.

Afirma que el Departamento de Justicia podría haber apelado inmediatamente pidiendo que el tribunal de apelaciones suspenda la orden del tribunal de distrito. “Ni siquiera han intentado hacer eso”, dice Caputo. “Estuvieron sentados sin hacer nada durante dos meses después de que el juez dictara la orden y luego presentaron una apelación, pero nunca intentaron acelerar o agilizar la apelación y, en cambio, hicieron todo lo posible por sacar adelante la venta de arrendamientos”.

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki (Susan Walsh / AP).

La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés) “requiere que hagan un análisis medioambiental completo sobre las consecuencias de la venta, y, entre las consecuencias de la venta, se tienen que considerar las consecuencias para el cambio climático”, dice. “Su análisis medioambiental dice que para el cambio climático podría ser peor cancelar la venta que seguir adelante con ella”.

Esta conclusión ‒que producir hasta 1000 millones de barriles de petróleo sería mejor para el cambio climático que no hacerlo‒ asume que el petróleo que no sea producido en el país será importado de fuentes aún más contaminantes. “Ignora la regla económica básica de la oferta y la demanda, que dice que cuando reduces la oferta de algo, pasa algo con el precio que podría afectar a la demanda”, dice Caputo. “Pero, lo más importante, desde el año pasado dos tribunales federales han tenido en consideración ese mismo análisis climático en relación a otras dos decisiones judiciales sobre petróleo y gas y lo han rechazado por absurdo, según la NEPA”.

Por último, la Ley sobre la plataforma continental exterior (OCSLA, por sus siglas en inglés) otorga al presidente la potestad de evitar que se exploten zonas en alta mar con fines petrolíferos o gasíferos. En diciembre de 2016, el entonces presidente Barack Obama usó su autoridad para retirar la mayor parte del océano Glacial Ártico de las zonas donde se permite la exploración y el desarrollo de explotaciones petroleras y gasíferas.

“El Gobierno de Biden podría haber usado la misma autoridad bajo el amparo de la ley OCSLA para retirar algunas o todas esas aguas”, dice Caputo. “Tampoco hicieron eso”.

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Vista aérea de la plataforma de exploración petrolera La Muralla IV, en el golfo de México (Omar Torres / AFP a través de Getty Images).

Al ser preguntado sobre este debate, el Departamento de Interior, emitió un comunicado, atribuido a la portavoz Melissa Schwartz, que comienza diciendo: “El Departamento está cumpliendo la decisión del Tribunal de distrito de Estados Unidos en relación a la Venta 257 mientras el Gobierno apela la decisión. Al mismo tiempo, Interior está dirigiendo un análisis más completo que nunca sobre los impactos de los gases de efecto invernadero derivados de las posibles ventas de arrendamientos petroleros y gasíferos”. Schwartz entra en detalle sobre lo que está haciendo el Departamento de Interior, pero no responde directamente a los argumentos presentados por Earthjustice.

Esta respuesta no va a satisfacer a los críticos que sospechan que el Gobierno es reticente a luchar intensamente contra las perforaciones petroleras en un momento en el que siente la presión política derivada del aumento reciente de los precios de la gasolina y en el que necesita apaciguar a los demócratas de centro en el Congreso que representan a estados productores de combustibles fósiles.

“Creo que están pensando: ‘Tenemos que darle un empujón al desarrollo de combustibles fósiles”, dice Caputo.

El problema, afirma Caputo, es que el cambio climático seguirá empeorando si Estados Unidos sigue extrayendo combustibles fósiles en un vano intento de contener el aumento de los precios.

“No es que el cambio climático se vaya asentar y esperar a que los políticos lo hagan mejor”, dice.

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Ben Adler

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