Una alta funcionaria de Hacienda estafó seis millones a deportistas de élite

Nuri Sahin (izquierda) y Hamit Altintop durante su época en el Real Madrid en 2011. Foto: Ángel Martínez/Getty Images.
Nuri Şahin (izquierda) y Hamit Altıntop, dos de las víctimas, durante su época en el Real Madrid en 2011. Foto: Ángel Martínez/Getty Images.

Consagrar la vida a practicar su deporte favorito es todo un lujo que solo unos pocos privilegiados se pueden permitir. Algunos de ellos, además, según las especialidades a las que se dediquen, tienen la inmensa fortuna de cobrar sueldos más que generosos. Pero esa palabra, precisamente, es la clave: “sueldo” implica que se trata de un trabajo, con una empresa que paga una nómina, y con las mismas obligaciones fiscales que cualquier otro asalariado. A otra escala en cuanto a las cantidades de dinero que se mueven, cierto, pero regido por las mismas leyes.

De ahí que los profesionales del balón tengan que presentar su declaración de la renta y pagar impuestos como todo hijo de vecino. Pero ocurre que, a pesar de que manejan cifras muy abultadas, la formación financiera de los atletas de élite es tan mediocre como la de la población general. Por eso nunca falta algún listillo dispuesto a aprovecharse de la situación.

A menudo lo que ocurre es que los propios deportistas, bien por codicia, bien por mal asesoramiento, defraudan a las arcas públicas. Esta vez, sin embargo, ellos son los perjudicados, y el daño se ha hecho desde dentro. Leonor Sánchez-Caballero, jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios en la Agencia Tributaria, está acusada de liderar una trama dedicada a estafar a jugadores extranjeros de clubes españoles. Se calcula que la red que lideraba se adueñó ilícitamente de 6,3 millones de euros.

Las víctimas son, según el diario El País, “más de un centenar” de competidores de nacionalidades foráneas que militaron en equipos importantes de la Liga y de la ACB. Entre ellos hay nombres como los turcos Nuri Şahin y Hamit Altıntop, que pasaron por el Real Madrid, los ex atléticos Elías Mendes (brasileño), Eduardo Salvio (argentino) y Florent Sinama-Pongolle (francés), o el también francés Aly Cissokho, que estuvo dos años en el Valencia. También figuran varios antiguos miembros de las plantillas de baloncesto del Real Madrid y el Barcelona.

El fraude se basa en que estos extranjeros, al fichar por equipos de otras naciones y abandonar España, tenían derecho a la devolución de la mitad del IRPF por no ser residentes, pero el desconocimiento de la normativa hacía que no lo llegaran a solicitar. Sánchez-Caballero, gracias a su puesto en la Administración, podía acceder a la base de datos correspondiente y pasaba esta información a sus compinches en la trama (algunos de ellos abogados de reconocido prestigio que colaboraban con agencias de asesoría deportiva). Estos, a su vez, falsificaban las firmas y los documentos necesarios para reclamarle a Hacienda el dinero, que se quedaban para ellos.

Una de las labores de Sánchez-Caballero era asegurarse de que las imitaciones de las rúbricas coincidían, o al menos eran lo suficientemente parecidas, para lo que se valía de las declaraciones de años anteriores que podía revisar por su condición de alto cargo. La Fiscalía de Delitos Económicos dice que “sin su participación no habría sido posible el fraude”. Se cree que, para mantener su implicación en el delito, los abogados, uno de los cuales era su ex marido, le hacían abundantes regalos y le pagaban viajes.

De esta manera, consiguieron apropiarse de semejante importe en apenas un año y medio, entre febrero de 2015 y noviembre de 2016. Pero en abril de 2017 la Dirección General de la Agencia Tributaria se dio cuenta de que las cifras no cuadraban. Así, se puso en contacto con los deportistas afectados, quienes no tenían la menor idea de lo ocurrido, y fue recopilando datos y pruebas en colaboración con la Fiscalía y con un juzgado de instrucción madrileño.

Una vez terminadas las pesquisas, ya se ha presentado la acusación: se piden once años de cárcel y cinco de inhabilitación en cargos públicos para Sánchez-Caballero por “estafa y utilización de información privilegiada”. Los demás acusados se arriesgan también a nueve años de prisión cada uno. En conjunto se les reclama también el pago de una multa de 18 millones de euros. Serán los tribunales quienes deberán decidir cómo concluye este caso.

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